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Foto del escritorFernando Romero

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo difundió con retraso una lista complementaria de candidatos a juzgadores federales

El total de personas registradas ante el Poder Legislativo que aspiran a ser ministros son 367


Miércoles 18 de diciembre de 2024



Con dos días de retraso, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo difundió anoche una lista complementaria de tres mil 817 nombres de candidatos a juzgadores federales, con lo cual el total de aspirantes a juzgadores que se anotaron en el Poder Legislativo queda en 10 mil 887 personas, entre quienes incluyó a la hija de la diputada Olga Sánchez Cordero y mantuvo errores de repetir nombres.


El total de personas registradas ante el Poder Legislativo que aspiran a ser ministros son 367; para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 289; para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 465; para magistrados de Distrito, tres mil 716 y para jueces de Distrito, seis mil 40, ya con los dos listados integrados.


El Poder Legislativo incumplió con el plazo constitucional para hacer pública su lista oficial de quienes cubrieron los requisitos para seguir en el proceso, difundió primero una lista, a las 00:24 horas del 16 de enero, la retiró un par de horas después y luego publicó otra, pero con la advertencia de que no era la definitiva, pues aún está en la revisión de todos los aspirantes que se anotaron vía correo electrónico.


Aunque ofreció difundirla el lunes, no lo hizo; luego informó que la haría pública en la tarde, pero fue hasta las 20 horas que se conoció el listado complementario.


El Comité de Evaluación del Poder Legislativo admitió irregularidades, como la existencia de certificados escolares que no reflejan el promedio de calificación final de sus egresados, nombres de personas que no introdujeron documentación para participar en el proceso, y múltiples nombres repetidos.


Sin respetar los propios plazos que ellos mismos fijaron en la reforma judicial, el poder legislativo ha sido el poder menos responsable, incrementando con ello, dudas en la comunidad jurídica del País, sobre la transparencia de todo el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.

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