La Administración Trump afirma que estos grupos representan un riesgo significativo para la seguridad y la economía estadounidenses
Viernes 21 de febrero de 2025
Ayer 20 de febrero, quedó marcado como la fecha en que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá oficializaron la designación de algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La medida, impulsada por las administraciones de Donald Trump y Justin Trudeau, se fundamenta en el tráfico de fentanilo, el trasiego de migrantes y el lavado de dinero.
El Departamento de Estado de EEUU incluyó a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Unidos y la Nueva Familia Michoacana en las listas de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés).
Con esta categoría, las organizaciones y sus integrantes quedarán aislados del sistema financiero estadounidense, lo que bloqueará sus activos y recursos. El Departamento del Tesoro podrá exigir a las instituciones financieras que congelen los bienes relacionados con estos grupos y prohibir a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.
Asimismo, la legislación establece que los miembros de estas organizaciones serán considerados "inadmisibles" en territorio estadounidense y podrán ser deportados si ya se encuentran en el país. Además, será ilegal que cualquier persona en EEUU les proporcione apoyo material, bienes o servicios, como alojamiento, armamento, documentación falsa o transporte.
El gobierno de Canadá, a través del ministerio de Seguridad Pública, confirmó la designación de los mismos grupos. Uno de los principales objetivos de esta medida en el país es frenar el lavado de dinero relacionado con estos cárteles, permitiendo a las autoridades rastrear activos y desmantelar sus operaciones financieras.
El Código Penal de Canadá prohíbe a cualquier ciudadano, dentro o fuera del país, comerciar, realizar transacciones o transferir bienes a personas vinculadas con estos grupos. Asimismo, impone la congelación de sus activos y restringe la exportación de armas o asistencia técnica para la fabricación de material bélico.
Finalmente, la normativa canadiense también establece que los individuos asociados con estas organizaciones terroristas no podrán ingresar al país.
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